Transición energética sin comunidades no es transición
- Raíces y Conexiones
- hace 4 días
- 4 min de lectura
El campo mexicano exige dejar de ser arrendatario del desarrollo limpio y convertirse en socio estratégico
ANÁLISIS | EJE AMBIENTAL / AGRARIO
Raíces y Conexiones • Junio 2026 • www.raicesyconexiones.org
México necesita duplicar su generación de energía limpia en menos de cuatro años. La meta oficial es pasar del 24% al 38% de electricidad renovable hacia 2030. Ese salto solo es posible en el territorio donde viven ejidatarios y comuneros: el 51% de la superficie nacional que sostiene la mayor parte del potencial eólico y solar del país. El problema es que nadie les está preguntando cómo quieren participar.
Pasar del 24% al 38% de generación limpia en cuatro años equivale a construir, operar y conectar a la red una capacidad renovable que México no ha logrado instalar en las últimas dos décadas. La CFE tendrá que expandir su infraestructura, pero la mayor parte del potencial energético —viento en el Istmo, irradiación solar en el norte y el sur, biomasa en regiones forestales— está en tierras de propiedad social. Sin los ejidos y las comunidades agrarias, la meta del 2030 es simplemente imposible. Y sin reglas claras que los protejan, la transición energética corre el riesgo de convertirse en el siguiente gran despojo del campo mexicano.
“Lo que queremos es que se empiece a reconocer que las comunidades agrarias son y deben ser actores estratégicos de la política energética nacional.” — Edgar Moreno, director de Entorno a Ti, Foro del Senado, 3 de junio de 2026
Lo que reveló el foro del Senado
El 3 de junio, representantes de ejidos, legisladores y organizaciones civiles se reunieron en el Senado de la República en el foro “Voces del Territorio”. Lo que ahí se documentó no fue una disputa ideológica: fueron contratos reales con cláusulas que prohíben a los ejidatarios entrar a sus propias tierras para verificar la producción energética instalada en ellas. Fueron empresas que llegan como intermediarios, prometen empleos y derrama económica, obtienen compromisos a diez años y desaparecen en cuanto se materializa un daño ambiental.
Comunidades de Coahuila, Chiapas y Oaxaca coincidieron en el mismo diagnóstico: asimetrías de información brutales, ausencia de asesoría técnica y jurídica independiente, y un marco contractual diseñado para proteger a la empresa, no al núcleo agrario. El ejido firma sin entender del todo qué firma. Y cuando quiere reclamar, ya no hay interlocutor.
El fracking: el mismo patrón, otra escala
La discusión sobre la fracturación hidráulica —cuyo comité científico presentará sus primeras conclusiones esta semana— reproduce exactamente la misma lógica. Entre 2012 y 2026 se han perforado 1,095 pozos en Puebla y Veracruz mediante fracking, incluyendo 168 durante una administración que había prometido prohibirlo. Las comunidades indígenas Tenek y Nahua de la Huasteca se enteraron de las actividades de exploración años después de que comenzaron.
Sheinbaum condicionó que cualquier avance en el tema requerirá consulta directa con las comunidades afectadas. Lo que la historia reciente muestra es que esa promesa necesita mecanismos concretos para ser real, no solo declaraciones.
El marco legal existe. El problema es que no se aplica
El Convenio 169 de la OIT —ratificado por México— establece el derecho a la consulta previa, libre e informada para cualquier proyecto que afecte el territorio de pueblos indígenas y comunidades campesinas. La Ley Agraria protege la integridad territorial de ejidos y comunidades. La normativa ambiental exige evaluaciones de impacto. Todo eso está en el papel.
Lo que no existe —o no funciona— es la institucionalidad que garantice que un ejido llegue a la mesa de negociación con la misma información que tiene la empresa desarrolladora. Ahí es donde se rompe la cadena.
El caso de Ixtepec ilustra el problema con precisión: un modelo de gobernanza comunitaria técnica y financieramente viable, con inversión social lista desde 2009, fue bloqueado sistemáticamente por convocatorias diseñadas para favorecer a multinacionales.
Lo que el campo necesita para ser socio real
No se trata de rechazar la transición energética. Las comunidades rurales son las primeras afectadas por el cambio climático y tienen todo el interés en un modelo energético diferente. Lo que exigen —con razón— es participar en condiciones equitativas: co-diseño de los proyectos, beneficio económico directo y permanente, asesoría técnica y jurídica independiente del desarrollador, y consulta que sea proceso real, no trámite.
Ese es exactamente el tipo de acompañamiento que Raíces y Conexiones ofrece a ejidos y comunidades agrarias en todo el país: conocimiento profesional aplicado al territorio, sin intermediarios que pongan sus intereses por encima de los del núcleo agrario.
“Para la gestión de sus territorios y el aprovechamiento de sus recursos naturales, los ejidos y las comunidades agrarias de México no necesitan que nadie las salve. Necesitan ser respetadas, ser tratadas de igual a igual, y que quienes lleguen a negociar en su territorio lo hagan con la verdad en la mano y la ley como único marco. Eso es lo que en Raíces y Conexiones llevamos haciendo, y seguiremos haciendo.”
— Gonzalo Villalobos López Editorialista y Director de Raíces y Conexiones.
Fuentes: Foro “Voces del Territorio”, Senado de la República (3 jun 2026) • Mongabay Latam • CIEP • El Financiero • El Siglo de Torreón
¿Tu ejido o comunidad necesita asesoría en proyectos energéticos o territoriales?
Contáctanos en www.raicesyconexiones.org — El conocimiento profesional es un derecho, no un privilegio.
Comentarios