Una ley a mano alzada

El INPI reprogramó a última hora las asambleas de este fin de semana y las mandó al 25, 26 y 27 de septiembre — saltando dos etapas completas del calendario que él mismo publicó en el Diario Oficial.

RAÍCES Y CONEXIONES  ·  NOTAS TEMÁTICAS

Perspectiva de coyuntura - Serie: Análisis a fondo de la LGDPIyA

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El viernes 21 de agosto por la tarde, con las brigadas ya en camino y las comunidades convocadas para el día siguiente, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas publicó un comunicado de una página. Las asambleas regionales de consulta previstas para el 21, 22 y 23 de agosto se reprograman para el 25, 26 y 27 de septiembre. La explicación cabe en cinco palabras: por razones de carácter operativo.

Conviene mirar esas fechas con el calendario oficial al lado. La convocatoria publicada en el Diario Oficial el 29 de junio fijó cinco etapas con plazos cerrados. Las asambleas regionales van del 7 de agosto al 13 de septiembre. Las mesas de trabajo, del 14 al 20 de septiembre. Del 21 de septiembre al 11 de octubre se analizan e incorporan las propuestas al proyecto legislativo. El 12 de octubre, Día de la Nación Pluricultural, la iniciativa se presenta al Congreso de la Unión.

Las tres asambleas reprogramadas al 25, 26 y 27 de septiembre no se salen de su etapa por un día. La saltan entera, saltan también la de mesas de trabajo y aterrizan dentro de la ventana destinada a procesar sus propios resultados. Se estarán recogiendo planteamientos mientras, en principio, ya se están sistematizando.

El fundamento invocado es el numeral Segundo del acuerdo publicado el 22 de julio, que faculta a las autoridades responsables a resolver los casos no previstos relacionados con sedes, direcciones y fechas. Usar una disposición residual para saltar dos etapas de un calendario publicado en el Diario Oficial es, cuando menos, discutible. Y no se ofrece ninguna razón concreta: “operativo” puede significar cualquier cosa.

Hay, con todo, una consecuencia que conviene aprovechar. La convocatoria permite enviar propuestas por escrito al INPI, de manera impresa o electrónica, hasta el término de las asambleas regionales de consulta. Si ese término se recorrió al 27 de septiembre, la ventana para presentar planteamientos por escrito se recorrió con él. Es una lectura del texto y no una confirmación oficial —conviene pedirla por escrito a las autoridades responsables antes de darla por buena—, pero de sostenerse, las comunidades ganan catorce días para documentar lo que no alcanzaron a decir en asamblea.

Lo que ya se sabía del método

El 16 de agosto de 2026, en Palenque, Chiapas, varias personas salieron de la asamblea regional de consulta con la misma queja. No había quedado claro qué se estaba preguntando. Hubo objeciones sobre la manera en que se sometieron a consideración los puntos y las propuestas. El ruido de afuera impedía escuchar. Pero entre todo lo que denunciaron hay un detalle que sobresale: los acuerdos se tomaron por votación a mano alzada.

Conviene detenerse ahí, porque no es un problema de logística. La Constitución manda que la consulta a los pueblos indígenas se realice conforme a sus sistemas normativos internos, es decir, con sus propias formas de deliberar y acordar, que en Chiapas y en Oaxaca casi nunca consisten en levantar la mano en un auditorio. Cuando un procedimiento uniforme sustituye a esas formas, lo que se obtiene no es la decisión de un pueblo. Es el conteo de las manos de quienes alcanzaron a llegar ese día.

Y hay una segunda lectura, porque en español “a mano alzada” significa también trazado sin regla, a ojo, improvisado. Las dos acepciones describen bastante bien lo que está ocurriendo.

El reloj

La etapa informativa corrió del 1 de julio al 6 de agosto. La deliberativa, que es el eje del proceso y comprende las 82 asambleas regionales, del 7 de agosto al 13 de septiembre. En ese periodo cada comunidad debe deliberar conforme a su sistema normativo interno. Después, las siete mesas de trabajo, y sólo entonces el análisis.

Descontados los fines de semana, ese periodo del 21 de septiembre al 11 de octubre son quince días hábiles para procesar lo que digan más de dieciséis mil comunidades. Con la reprogramación anunciada el 21 de agosto, tres de esas jornadas se ocuparán en celebrar asambleas, de modo que entre la última —el 27 de septiembre— y el cierre del plazo quedan diez días hábiles.

Ese es el corazón del asunto y por eso conviene decirlo antes de que termine: no es un problema de voluntad, es un problema de aritmética. Ninguna institución del tamaño del INPI puede leer, clasificar, valorar y redactar en dos semanas la incorporación de miles de planteamientos comunitarios a un texto de cuatrocientos cincuenta y tres artículos. Si el resultado llega a tiempo, será porque las decisiones sustantivas ya estaban tomadas.

El corte disponible del propio proceso alimenta la duda. Al 17 de agosto se habían realizado 25 asambleas regionales en 16 entidades, con la participación de 49 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano, 2 mil 292 comunidades, 4 mil 224 autoridades y representantes, y 11 mil 335 asistentes. Son cifras que suenan grandes hasta que se dividen: el universo convocado es de 16 mil 728 comunidades, de modo que las que ya participaron representan el 13.7 por ciento, alcanzado con casi un tercio de las asambleas celebradas. Puede ser que los estados con mayor densidad comunitaria vengan después y corrijan la proporción. También puede ser que no. Es la primera cifra que habrá que vigilar en septiembre, y conviene enunciarla ahora, antes de que el informe final la presente ya redondeada.

Hay además una cuestión de fechas que nadie ha aclarado. La convocatoria fijó el cierre de la etapa informativa el 6 de agosto, pero el micrositio oficial de la consulta sigue anunciando, a la fecha de esta nota, que la jornada nacional de entrega de información se realiza durante julio y agosto. La etapa que legalmente cerró continúa operando de hecho. Y eso significa que hay comunidades que deliberaron sin haber recibido la información, y comunidades que la recibieron cuando el plazo para analizarla ya había corrido.

“Aquí nosotros dijimos”

El rechazo al proceso no es un bloque ni tiene una sola cara, y conviene distinguir sus registros porque significan cosas distintas.

En la Ciudad de México, comunidades y barrios originarios bloquearon el acceso a una de las asambleas y señalaron que de unos doscientos pueblos y barrios originarios sólo cincuenta y tres están reconocidos por el INPI, de modo que el resto simplemente quedó fuera de la convocatoria. Su reclamo de fondo fue que los plazos no responden a los tiempos de deliberación de los pueblos sino a los tiempos políticos y legislativos del Estado, y que el proceso se redujo a una “entrega exprés de documentos”. En la Sierra Madre Occidental, pueblos wixárika, naayerij, o’dam y meshikan rechazaron participar. Y el Colectivo de Apoyo al EZLN-CNI-CIG “Llegó la Hora de los Pueblos” publicó un análisis de veintitrés puntos donde califica la iniciativa como “un conjunto de obstáculos” para ejercer la autonomía que el artículo 2º constitucional reconoce, comparándola con la vieja Ley de Reforma Agraria: un mecanismo por el cual el Estado intervenía en la vida interna de los núcleos agrarios.

En Oaxaca la objeción tomó otra forma, más incómoda, porque no vino de una organización sino de dos asambleas comunales. San Miguel y Santa María Chimalapa —territorio zoque, más de medio millón de hectáreas de selva en el istmo— rechazaron participar y ser sede. Su argumento no fue ideológico sino procedimental: en julio llegaron trabajadores del INPI a entregarles el cuadernillo explicativo y en ese mismo acto se enteraron de que ya estaban programadas como sede, sin el acuerdo de su asamblea general, como exigen sus propios estatutos comunales. A eso sumaron un agravio anterior: que el Estado no ha hecho nada para restituirles las tierras invadidas desde Chiapas.

Cuestionado sobre ese rechazo durante un foro informativo celebrado el 17 de agosto en el Congreso del Estado de Oaxaca, el director general del INPI explicó cómo se había elegido la sede. Su respuesta empezó así: “Aquí en Oaxaca nosotros dijimos… a Santa María le toca ahora”.

“Nosotros dijimos”. Ahí está todo. La sede de una asamblea de consulta —dónde se reúne un pueblo a deliberar sobre la ley que regirá su territorio— se decidió en una oficina, por turnos, como quien reparte fechas en un calendario escolar. El INPI anunció después el aplazamiento de esa asamblea, y el 21 de agosto la reprogramó formalmente para el 27 de septiembre. No se ha informado con qué autoridad se pactará la sede — lo cual, tratándose de bienes comunales, no es un detalle menor: las autoridades municipales pueden prestar el espacio, pero no pueden otorgar el consentimiento que corresponde a la asamblea de comuneros.

Diecinueve comunidades, dos regiones

Lo que ocurrió después es lo que vuelve difícil sostener que se trata de casos aislados. El 14 de agosto, en el Centro de Pastoral de Santo Domingo Tehuantepec, más de ciento diez personas de diecinueve comunidades, ocho autoridades comunitarias y dieciocho organizaciones celebraron el Encuentro Interregional de Pueblos Chontales y del Istmo de Tehuantepec. Entre las comunidades presentes hay nombres que aparecen en el calendario de la consulta y nombres de la región chontal: Santa María Ecatepec, Santa María Zapotitlán, San Miguel Suchiltepec, San José Chiltepec, Ciudad Ixtepec, El Espinal, San Dionisio del Mar, Unión Hidalgo, San Juan Guichicovi, Matías Romero, Santo Domingo Tehuantepec y El Coyul de San Pedro Huamelula, entre otras.

Su pronunciamiento sostiene que las asambleas de consulta no cumplen los estándares nacionales e internacionales de protección de los pueblos indígenas, en particular los del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Pero el dato relevante para quienes trabajamos temas agrarios es otro: el encuentro se sumó expresamente a la exigencia de Santa María y San Miguel Chimalapa de que la ley reconozca y proteja de manera expresa la situación jurídica de sus bienes comunales.

Lo que están pidiendo no es que se caiga la ley

Es la distinción más importante de toda la coyuntura y la que menos se ha subrayado. Las comunidades zoques no pidieron cancelar la iniciativa: pidieron que el reconocimiento de derechos indígenas no pueda interpretarse como sustitución, reducción o modificación de los derechos agrarios que corresponden a los núcleos de bienes comunales. Es una propuesta de redacción, no una consigna.

Y es, en lenguaje comunitario, el mismo problema que esta serie viene documentando desde el articulado: la iniciativa superpone una institucionalidad comunitaria nueva sobre una estructura agraria que ya existe, sin establecer una regla de prelación entre ambas. Cuando la comunidad indígena y el núcleo agrario no coinciden —y muchas veces no coinciden— la ley no dice quién manda.

Quién va a revisar el texto

Vale la pena registrar quién estuvo en aquel foro del 17 de agosto en el Congreso de Oaxaca, porque dice algo sobre lo que viene. Junto al titular del INPI participó la diputada federal Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos de la Cámara de Diputados, es decir, la instancia que habrá de dictaminar esta misma iniciativa cuando llegue en octubre. También estuvo la diputada Irma Juan Carlos, hoy presidenta de la Comisión Bicameral de Concordia y Pacificación, función distinta pero igualmente central en la relación del Estado con los pueblos. Y la convocatoria corrió a cargo de la presidenta de la comisión homóloga en el Congreso local.

No hay nada irregular en ello, y conviene decirlo: informar a las comunidades sobre un proceso en marcha es parte del trabajo legislativo, y puede argumentarse que la presencia de las legisladoras en Oaxaca acerca la consulta a quienes tendrán que legislar. Pero conviene decir también lo evidente. El mismo conjunto de actores institucionales que convoca la consulta, la difunde y la defiende públicamente es el que después habrá de revisarla en comisiones. Cuando el promovente y el revisor coinciden, el contrapeso tiene que venir de otro lado. Hoy ese otro lado son las asambleas, que están reclamando una consulta a fondo y no a las carreras, y las actas donde eso quede asentado.

Oaxaca entra por el final

El estado con mayor diversidad de pueblos del país iba a arrancar el 22 de agosto en San Andrés Huaxpaltepec, con comunidades tacuate, amuzga y mixteca, y seguir el 23 en Santiago Pinotepa Nacional y Santa María Chimalapa. Esas tres son justamente las que se fueron a finales de septiembre.

El resto del calendario continúa. El 30 de agosto se celebran San Mateo del Mar, San Pedro Huamelula y San Juan Cotzocón. El 4 de septiembre, San Felipe Jalapa de Díaz y San Juan Bautista Cuicatlán. Después vienen Nochixtlán, Juxtlahuaca, Huautla de Jiménez, Guelatao y Laollaga, entre otras sedes. De modo que Oaxaca entra a la consulta empezando por el final: las primeras sedes convocadas serán las últimas en reunirse, ya cerrada la etapa.

Las próximas tres semanas concentran, en un solo estado, buena parte de lo que va a determinar si este ejercicio produce un texto distinto o solamente un expediente voluminoso. Y lo hacen en regiones donde diecinueve comunidades acaban de decir por escrito que el procedimiento no las convence, y donde las tres primeras sedes convocadas quedaron fuera del calendario que les correspondía.

Seis cosas que conviene documentar en cualquier asamblea

No como denuncia, sino como constancia. Un acta bien levantada vale más que diez fotografías.

1.  Fecha exacta en que la comunidad recibió el cuadernillo, la iniciativa y el protocolo, y quién los entregó.

2.  Si la sede y la fecha fueron acordadas por la asamblea o comunicadas ya decididas.

3.  Método de deliberación y de toma de acuerdos: si se aplicó el sistema normativo interno o un procedimiento definido por el convocante.

4.  Que cada propuesta quede asentada en el acta con su redacción literal, no resumida ni parafraseada por la relatoría.

5.  Acuse de recibo sellado de todo escrito entregado, con folio.

6.  Reserva expresa de derechos: participar no equivale a consentir. Conviene dejarlo por escrito en el acta.

La única prueba que importa

La pregunta de fondo no es si la consulta fue amplia. Fue amplia. La pregunta es si fue vinculante en algún sentido operativo, y esa pregunta tiene una sola respuesta verificable: el informe de sistematización. Si ese documento se publica y dice, planteamiento por planteamiento, cuál entró al texto, cuál no y por qué, entonces hubo consulta. Si aparece un resumen temático con porcentajes de satisfacción y fotografías de asambleas llenas, entonces hubo otra cosa.

Mientras tanto, el episodio de los Chimalapas deja una enseñanza práctica que sirve para cualquier comunidad de aquí al 13 de septiembre: la negativa razonada y documentada produce efectos. No detuvo la ley. Movió una fecha, obligó a una explicación pública y puso por escrito una exigencia sobre bienes comunales que hoy ya sostienen diecinueve comunidades de dos regiones. En un proceso como este, eso no es poco.

Levantar la mano toma un segundo. Levantar un acta toma una tarde. Sólo una de las dos cosas se puede consultar dentro de cinco años.

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Esta nota forma parte de la serie Análisis a fondo de la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, disponible de forma libre y gratuita en nuestra biblioteca virtual.

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Las asambleas regionales concluían el 13 de septiembre; tres de ellas se recorrieron al 27. Cerrada esa etapa, incidir deja de ser consulta y pasa a ser cabildeo legislativo.

Otras notas de esta serie

Editorial: “Ocho horas para leer y una jornada para opinar: la ley más ambiciosa que casi nadie ha leído”

Perspectiva agraria: “Dos asambleas, una misma tierra” (padrón agrario y censo comunitario)

Perspectiva agraria: “Tierra por decreto” (propiedad comunal tradicional y autoadscripción)

Perspectiva agraria:“La conciliación no se decreta” (conciliación con efectos de cosa juzgada)

Perspectiva hacendaria: “El dinero siempre se queda en la cabecera” (Ley de Coordinación Fiscal y responsabilidad administrativa)

Opinión invitada: “Las letras chiquitas de la Ley Indígena” · por Ernesto Ruiz

Nota metodológica

Corte informativo al 21 de agosto de 2026, incorporando el comunicado del INPI de esa misma fecha. Recoge hechos públicos y documentados; no incluye casos comunitarios que esta consultoría acompaña profesionalmente. Circulan además versiones sobre acciones judiciales promovidas por organizaciones afromexicanas contra el proceso de consulta que, al cierre de esta edición, no han podido verificarse en fuentes oficiales y por ello no se consignan aquí.

Fuentes: Convocatoria y Protocolo del proceso de consulta previa, libre e informada, DOF 29/06/2026. Acuerdo por el que se dan a conocer fechas, sedes y regiones de las Asambleas Regionales y Mesas de Trabajo, DOF 22/07/2026. Comunicados oficiales del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, agosto de 2026, en particular el relativo a la continuación del proceso y la reprogramación de asambleas regionales, Ciudad de México, 21 de agosto de 2026. Micrositio oficial de la consulta, consultaleyindigena.inpi.gob.mx. Foro Informativo sobre la Consulta Previa, Libre e Informada, Congreso del Estado de Oaxaca, San Raymundo Jalpan, 17 de agosto de 2026. Pronunciamiento conjunto de las comunidades de San Miguel y Santa María Chimalapa. Pronunciamiento del Encuentro Interregional de Pueblos Chontales y del Istmo de Tehuantepec, Santo Domingo Tehuantepec, 14 de agosto de 2026. Posicionamiento del Colectivo de Apoyo al EZLN-CNI-CIG “Llegó la Hora de los Pueblos”, agosto de 2026. Coberturas de La Jornada, El Universal Oaxaca, Animal Político, Desinformémonos, EDUCA, NVI Noticias, Oaxaca Media y Estado20, agosto de 2026.

Gonzalo Villalobos López es consultor en desarrollo regional sostenible y mediador agrario. Es fundador y director de Raíces y Conexiones.